PSOE y Podemos quieren convertir a España en el único país de Europa sin sicav (Libre mercado)

El PSOE está comenzando a negociar los futuros apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Las negociaciones se centran, por el momento, en Podemos. El partido de Pablo Iglesias ha exigido al Gobierno una nueva batería de subidas de impuestos y, entre otras medidas, el Gobierno ya estudia la posibilidad de subir el IRPF a las rentas altas y eliminar las sicav (sociedades de inversión de capital variable).

¿Qué es una sicav y cómo funciona?

Las sicav fueron creadas en España en 1983 durante el mandato de Felipe González, por iniciativa del entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, para evitar que las grandes fortunas se llevaran el dinero fuera del país. Son sociedades de inversión de carácter financiero y su funcionamiento es similar al de los fondos de inversión. Las sicav españolas son sociedades anónimas que deben estar formadas por un mínimo de 100 accionistas, con un capital mínimo de 2,4 millones de euros y que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil.

La polémica de las sicav, alimentada por Podemos, es que sus beneficios como sociedad tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, esto no quiere decir que los accionistas no paguen impuestos ni tributen poco. Si un partícipe quiere sacar su dinero o parte de él, las plusvalías se integran en la base imponible del IRPF sobre el ahorro, al igual que sucede con los fondos de inversión.

A grandes rasgos, si cualquier persona invierte en una sicav, mientras mantenga su dinero dentro de la sociedad no paga impuestos, pero si lo retira por cualquier motivo deberá integrar el beneficio obtenido en su declaración de la renta, con tipos que oscilan entre el 19% (primeros 6.000 euros de ganancia), el 21% (entre 6.000 y 50.000) y el 23% (más de 50.000). En Libre Mercado ya explicamos la manera en que, realmente, tributan estas sociedades, desmontando así el extendido mito de que gozan de privilegios fiscales. De hecho, los partícipes de las sicav están sujetos a la misma tributación que el resto de los productos de ahorro (depósitos, seguros, acciones, deuda pública, etc), ya que no pagan impuestos hasta el momento en que reembolsen o vendan sus acciones, o bien cuando reciben dividendos e intereses.

Tal y como explican desde Inverco, la asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, “las sicav, al igual que el resto de los productos de inversión (fondos, seguros, depósitos, etc.) están sujetas a neutralidad fiscal, por lo que no tributa el producto de ahorro y sí el inversor cuando vende sus inversiones o cuando recibe un dividendo o pago de intereses”. En concreto, “las sicav tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades, pero adicionalmente sus accionistas (personas físicas) tributan al 19%, 21% ó 23% en el IRPF, o al 25% en el Impuesto sobre Sociedades (si son personas jurídicas), cuando venden sus acciones, por lo que no sólo no tienen fiscalidad privilegiada, sino una doble imposición (el 1%, más el 19-21-23% en IRPF para las personas físicas o más el 25% en Sociedades para las personas jurídicas)”.

Y es que, según esta entidad, “si no fuese así (en realidad deberían tributar al 0%) no se aplicaría el principio de neutralidad fiscal y existiría una doble imposición. Si paga la sociedad no debe pagar el socio y si paga el socio no debe pagar la sociedad. Esta última es la fórmula que se aplica en la mayoría de los países del mundo y también en España”, aclara. En España, hay cerca de 2.800 sicav, con un patrimonio acumulado de 30.700 millones de euros y unos 420.000 accionistas, según datos de la CNMV.

Europa favorece las sicav

España es, junto con Portugal, el único país europeo que aplica un impuesto a estas sociedades de inversión. En el resto, el tipo del Impuesto de Sociedades es el 0%. Además, las barreras de entrada y las condiciones que impone España son una excepción a nivel comunitario. Por ejemplo, en Francia solo se requieren dos accionistas para poder lanzar una sicav y en el resto basta simplemente con uno, mientras que en España tiene que haber un mínimo de 100, al igual que en Portugal. Por otro lado, en nuestro país se exige un capital mínimo de 2,4 millones y, por si esto fuera poco, no pueden tener más dinero que el resultado que da multiplicar por 10 la inversión inicial. Es decir, si una sicav se abre con 3 millones, no puede tener más de 30.

La UE regula este tipo de sociedades bajo la normativa de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y, por tanto, todos los estados miembro pueden hacer uso de esta legislación adaptándola a cada país. En este sentido, España es una anomalía, ya que es el estado más restrictivo de Europa en materia de sicav. En el resto del continente, tributan al 0% y no fijan límites en el número de accionistas, siendo, igualmente, mucho más flexibles en cuanto al capital inicial, tal y como refleja la siguiente tabla.

Por ello, una modificación de la fiscalidad de las sicav como la que negocian PSOE y Podemos implicaría una deslocalización masiva de estos instrumentos hacia otros países de la UE, especialmente Luxemburgo, gracias a sus grandes facilidades para invertir. La normativa comunitaria permite a cualquier gestora de la UE asumir los productos de inversión colectiva (fondos de inversión y sicav) de otro país, por lo que la fuga de capitales “sería una realidad”, advierten desde Inverco.

“Con una eventual modificación fiscal, lo único que se lograría es eliminar un producto de ahorro con un patrimonio de más de 30.000 millones de euros y trasladar inmediatamente ese patrimonio a otras zonas geográficas o a otros países de Europa”, señala Inverco. Además, cabe tener en cuenta que las sicav invierten casi la mitad de su patrimonio en activos domésticos (tanto de renta fija como variable). Y ello sin contar que la industria de gestión de activos es una fuente relevante de empleo, dado que mantiene, directa o indirectamente, más de 30.000 puestos de trabajo, la mayoría de alta cualificación, generando, además ingresos adicionales para la Hacienda Pública.

Navarra y País Vasco decidieron elevar la tributación de las sicav durante la crisis y lo que ha ocurrido es que todas estas sociedades han acabado cerrando o bien asentándose en Madrid. La capital alberga más del 85% de las sicav que, hoy por hoy, operan en España.

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