La Guardia Civil cifra en 17 millones el gasto del Govern en la soberanía fiscal

La Guardia Civil cifra en 17 millones el dinero gastado por la Generalitat de Cataluña, presidida en aquel momento por Carles Puigdemont, en el despliegue de la administración tributaria de lo que pretendían que fuera la futura República catalana.

Así consta en un informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la constitución de estructuras de Estado en Cataluña y la implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de los segundos de a bordo de la Generalitat.

Según el documento, los investigadores consideran que esos 17 millones se distribuyen de la siguiente forma: 200.000 euros para el desarrollo del Código Tributario; 7,8 millones en el despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal; 4,5 millones para el despliegue territorial de la administración tributaria y 4,92 millones en la implementación del sistema e-Spriu, al menos en las seis fases iniciales.
Calcularon un gasto de 500 millones para el despliegue completo

Los datos se deducen del tras el análisis de un documento contenido dentro del “pendrive” incautado al exsecretario de Hacienda Josep Lluis Salvadó. Se trata de un documento que había elaborado el Departamento de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda con medidas encaminadas a la creación del Estado catalán pero relacionadas con el ámbito tributario y que tenían como objetivo garantizar su viabilidad económica.

Y de ese análisis, el informe de la Guardia Civil ve evidente que se estaban planificando las medidas necesarias para la desconexión de Cataluña. Así, ya se había cuantificado el gasto que supondría el despliegue de la administración tributaria. En concreto, casi 500 millones de euros (499.869.737 euros) y un incremento de la plantilla en unas 7.000 personas.

Entre las acciones que el Govern de Puigdemont pretendía llevar a cabo en esta materia, el informe subraya la pretensión de preparar un convenio internacional para evitar la doble imposición con España y hacerlo con el modelo de la OCDE, además de crear una Oficina de Fiscalidad Internacional.
Estrategia para gestionar la recaudación de recursos

Del análisis del “pendrive”, la Guardia Civil desprende que la Secretaría de Hacienda estaba trabajando en la desconexión.
Entre otras cosas, ya habían valorado los activos inmobiliarios de España en Cataluña para incorporarlos al patrimonio de la Generalitat, además de aprobar un desarrollo normativo, como el Código Tributario de Cataluña en agosto de 2017.

Junta de Tributos, Consejo Fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Agencia Tributaria y su despliegue territorial, un sistema de gestión (el soporte informático para recaudar impuestos, el e-SPRIU) y la mejora del sistema Gaudí (un sistema de gestión de impuestos) estaban ya diseñados.

Se trabajaba también en el desarrollo de la Agencia de Aduanas, de la oficina de Fiscalidad Internacional y de la Agencia de Propiedad Inmobiliaria.

La Guardia Civil cree que se invirtieron parte de los recursos previstos para el desarrollo del Código Tributario, que se desglosa en el informe y que suma 17 millones de euros.

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