Hacienda calcula en 5.000 millones las posibles reclamaciones del impuesto hipotecario

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado hoy en un máximo de 5.000 millones de euros las devoluciones que los contribuyentes podrán solicitar si el Tribunal Supremo (TS) dictamina a su favor el impuesto de las hipotecas, lo que podría poner en riesgo el fin del procedimiento de déficit excesivo.
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El Supremo aborda hoy, por segundo día consecutivo, su análisis sobre la doctrina de la reciente sentencia que considera que la banca debe asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y no el cliente. Su deliberación trata de superar la fractura existente en su seno entre quienes consideran que el Impuesto lo deben pagar los bancos y quienes consideran que han de abonarlo los compradores.

Si el Tribunal Supremo concluyera que la banca debe abonar este impuesto con carácter retroactivo para los casos no prescritos -es decir, los últimos cuatro años-, los contribuyentes podrían reclamar hasta 5.000 millones de euros a las haciendas autonómicas, ya que este tributo está cedido a las regiones, que después lo reclamarán a la banca.

Para afrontar esta situación, Hacienda ya tiene un “plan”, ha explicado la ministra Montero en el Foro Cinco Días, que coordinaría las actuaciones de las comunidades autónomas (CCAA), las entidades financieras y la Unión Europea (UE).

Montero ha subrayado que es importante hacer “compatible” las eventuales devoluciones a los contribuyentes con las reclamaciones a las entidades financieras, ya que, de lo contrario, ese desfase recaería sobre las cuentas públicas y afectaría al déficit.

La ministra ha cifrado en “cuatro o cinco décimas” de producto interior bruto (PIB) el posible impacto, lo que pondría incluso “en riesgo” la salida del procedimiento de déficit excesivo que España prevé abandonar este año, al bajar su déficit público del 3 % del PIB -el Gobierno estima que terminará el año en el 2,7 %-.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reanudado pasadas las cuatro y media de ese martes su segunda sesión de deliberaciones. Hasta el momento han intervenido sobre este asunto un total de 23 de los 28 magistrados que componen el Pleno. Aún faltan por intervenir cinco magistrados -entre los que se encuentra el actual presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo y su antecesor, José Manuel Sieira.

Incluso, no se descarta que se emprenda una nueva ronda, lo que podría retrasar el momento de la votación.

El tribunal debe fallar si estima o no tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

Por el momento la Sala se inclina, por la mínima, por atribuir a los clientes el pago del impuesto, volviendo a la jurisprudencia tradicional, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

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