El secuestro del Estado por la elite de la Administración Jesús Cacho (vozpopuli)

Circular por la A-67, la autovía que une Palencia con Santander, más conocida como Autovía de la Meseta, se ha convertido en un suplicio diario para quienes se ven obligados a conducir sobre un firme muy deteriorado, con un carril derecho casi impracticable en ambos sentidos, lo que obliga a la mayoría a ocupar el izquierdo si no quiere salir volando incluso conduciendo por debajo de los 120 km/h. Inaugurada hace menos de 10 años, con una inversión superior a los 300 millones y siendo ministro del ramo José Blanco, la vía soporta un elevado tránsito de vehículos pesados -comunica la meseta con el puerto de Santander- que la han convertido en una trampa mortal. “Es verdad que el frío y la sal empleada para combatir las heladas hacen daño, pero ese no es el problema, sino los fallos técnicos de diseño evidentes incluso para un lego, y una capa de asfalto tan fina que en algunos tramos deja aflorar barro y tierra a la superficie”. Y bien, ¿cumplieron las constructoras con las condiciones del pliego? ¿Quién fue el alto funcionario encargado de su recepción? ¿Por qué le dio el visto bueno? ¿Algún alto cargo se ha metido dinero en el bolsillo?

El caso del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Castellón. El Gobierno Zapatero adjudicó su construcción a Escal UGS, filial de ACS, la constructora del empresario “padrino” Florentino Pérez, y lo hizo incluyendo en el contrato una cláusula que le garantizaba “una indemnización equivalente al valor de las instalaciones, incluso en caso de dolo o negligencia imputable de la empresa adjudicataria”. Tras la alarma causada por los seísmos producidos en la zona, el Gobierno Rajoy se vio obligado a anular la concesión en octubre de 2014 y a indemnizar con 1.461 millones a Escal UGS. Un escándalo sin paliativos. ¿Dónde estaban los altos funcionarios de la Administración, los interventores, los abogados del Estado, por cuyas manos necesariamente tuvo que pasar un expediente que deberían haber paralizado? ¿Por qué no impidieron esa concesión? ¿Quién se corrompió permitiendo la inclusión de aquella cláusula? ¿Hay alguien ahora mismo en la cárcel por este motivo?

El juez García-Castellón de la Audiencia Nacional investiga estos días el pago “sistemático” de comisiones ilegales (se habla de hasta 40 millones) por parte de la constructora OHL a distintos cargos de Fomento, de Ayuntamientos y de CC.AA. (Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid) a cambio de contratos para la realización de obra pública. El pago de esas mordidas era un secreto a voces dentro del sector. Todo el mundo lo sabía, pero ningún alto funcionario se atrevió a denunciarlo. Otrosí ocurre con la reciente denuncia formulada por la CNMC relativa a la existencia de un cártel de constructoras que durante años amañó contratos relacionados con la electrificación de líneas de AVE y tren convencional. El cártel, que se benefició de contratos por importe de 837 millones, burlaba a Adif con ofertas casi idénticas que se pactaban en un hotel de Madrid. En consecuencia, la CNMC ha impuesto multas a filiales de ACS, OHL, Sacyr, Isolux y Abengoa, entre otras, que suman 118 millones.

La CNMC estima que la falta de transparencia concursal origina desviaciones al alza de 47.500 millones (4,6% del PIB)

La lista de golferías consentidas por los encargados de velar por la pureza en la contratación pública –alrededor de 194.000 millones anuales, cifra equivalente al 18,5% del PIB- sería interminable. La propia CNMC estima que la falta de transparencia concursal origina desviaciones al alza de 47.500 millones (4,6% del PIB), cifra muy superior al pago de intereses de la deuda pública (31.547 millones en 2018), dinero que se despilfarra por la mala gestión o la simple y llana corrupción. El buen o mal gobierno (eso que algunos llaman “gobernanza”) de las instituciones es un asunto de capital importancia para la salud del Estado de Derecho y la calidad de la democracia, en tanto en cuanto influye directamente sobre el bienestar o malestar de los ciudadanos y sobre la buena o mala marcha de la economía. De la gestión de las instituciones se encargan los cuerpos de elite de la Administración en sus distintos niveles, gente con brillantes currículos académicos, cuyo ingreso en los mismos -Cuerpo Superior de Administradores Civiles (el antiguo TAC), el más numeroso; Técnicos Comerciales (Tecos), abogados del Estado, inspectores de Hacienda y del Banco de España, Interventores, cuerpo diplomático, etc.,- implica superar unas difíciles oposiciones, básicamente limpias aunque con sesgo (hay que poder financiar los 3/4 años que dura el intento), de las que teóricamente sale gente muy cualificada, con capacidad de gestión, amplitud de miras y una cierta vocación en defensa de los intereses generales por encima de los personales o de partido. Una burocracia basada en el mérito y enemiga, en principio, de la politización y el amiguismo.

La aparatosa provisionalidad de Sánchez
Los problemas empiezan una vez aprobada la oposición. Porque el modelo administrativo español se rige por el principio de la libre designación, “una tradición predemocrática difícil de erradicar”, en opinión de Elisa de la Nuez, una mujer que en el blog “Hay Derecho” (altamente recomendable) ha escrito mucho sobre los vicios del sistema. La libre designación permite nombrar a amigos y/o conmilitones para ocupar los puestos más importantes alegando motivos de confianza. El sistema cobija con holgura todo tipo de injusticias. Opacidad, arbitrariedad y nepotismo. Y tiene voz pasiva: la llegada de un nuevo Gobierno supone el cese inmediato de los altos cargos nombrados por su antecesor, lo que provoca una auténtica escabechina en los más altos niveles de la administración, un espectáculo que tuvimos ocasión de presenciar en mayo pasado con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. La aparatosa provisionalidad que rodeaba al Ejecutivo socialista no fue obstáculo para que el susodicho se apresurara a nombrar a sus fieles, aquellos que le acompañaron en su travesía del desierto, para ocupar las mejores posiciones administrativas, incluidas la presidencia de las empresas públicas. El escándalo llegó al punto de colocar a un amigo, además de ex jefe de su gabinete, en la presidencia de Correos. Lo primero que hizo Juan Manuel Serrano nada más tomar posesión del cargo fue firmar un acuerdo con los sindicatos asumiendo una subida salarial del 9% y la creación de 11.200 nuevos empleos fijos. Conviene recordar que, con 52.000 personas en plantilla, Correos perdió 147 millones en el ejercicio 2017. ¿Dónde queda la búsqueda del bien común?

La libre designación se ha convertido en un mal endémico que explica en gran medida una corrupción, tanto de PP como de PSOE, que ha terminado por dañar el crédito de las instituciones

La libre designación significa que el ministro de turno no tiene ningún problema para nombrar a quien le dé la gana entre la plétora de amigos y compañeros de partido situados a partir del nivel 28 de la Administración. Como es obvio, el nombrado a dedo carece de la independencia necesaria para oponerse a cualquier arbitrariedad que, a través del correspondiente expediente, su jefe le pase a firma. Los hay dispuestos a participar con gusto en la fechoría. Quienes, por el contrario, tienen la honradez por norte y el servicio al interés general por bandera, se lo piensan mucho antes de ponerse a levantar alfombras, porque al hacerlo ponen en riesgo su cabeza. Atreverse a frenar un expediente que le ha puesto delante el jefe político puede suponer, en el mejor de los casos, afrontar un traslado a Ciudad Real que se traduce en un recorte en la nómina por la pérdida de los pluses. Este atroz sistema de dependencia acaba teniendo una enorme importancia en la calidad de la gestión pública, con resultados que a veces suelen manifestase años después de ocurridos los nombramientos. El escándalo de la Gürtel y otros del mismo pelaje (extracción de rentas o vulgar robo a mano armada) que han afectado al PP, difícilmente se hubieran producido si los capos del partido en Madrid y Valencia no hubieran ido situando de forma paulatina en los puestos de gestión de las instituciones municipales y autonómicas a sus funcionarios paniaguados obligados a participar en el juego de la sumisión y la fidelidad perruna, a veces a disgusto y otras muy a gusto como cooperadores necesarios y beneficiarios directos. Peca el político por acción, y el funcionario por omisión.

La libre designación se ha convertido en un mal endémico que explica en gran medida una corrupción, tanto de PP como de PSOE, que ha terminado por dañar el crédito de las instituciones y la calidad de nuestra democracia, dando lugar a la aparición de los populismos. Ningún Gobierno ha intentado poner coto a este tipo de prácticas durante la Transición. El sistema ha invadido también los órganos de control del Ejecutivo, instituciones tan importantes a la hora de asegurar el funcionamiento del Estado de Derecho como la CNMC, el Banco de España (BdE) o el Tribunal de Cuentas (por no hablar de CIS o de RTVE, sometidas hoy a la grosera manipulación del Gobierno Sánchez), de cuya efectiva independencia depende la aplicación de esos checks and balances que garantizan la separación de poderes y el cumplimiento de la ley por parte de los poderes públicos. Todos esos organismos están trufados de altos funcionarios nombrados a dedo. Los “partidos del turno” se han negado en redondo a sacar las manos de esos centros de poder, porque hacerlo hubiera significado perder mucha capacidad de mangoneo y quedar expuestos a la acción de la Justicia, razón por la cual había que ocupar los dichos organismos y la propia Justicia. Los 60.000 millones empleados en el rescate de las Cajas de Ahorro no hubieran sido necesarios si al frente del BdE no hubiera estado primero Jaime Caruana (PP) y después un socialista contemplativo y ramplón, un jeta de estricta obediencia como el famoso MAFO, y si él y su claque en Cibeles, en particular JavierAríztegui, responsable de Supervisión antes y subgobernador después, no hubieran impedido al antaño prestigioso cuerpo de inspectores de nuestro banco central ejercer con independencia su labor fiscalizadora sobre balances y cuentas de resultados de las entidades de ahorro.

La bala de plata de los hermanos Dalton
Esta semana se acaban de decidir varias docenas de nombramientos para puestos muy “golosos” (sic) en las embajadas de España en el exterior (embajadores, cónsules, secretarios, representantes en organismos financieros, consejeros económicos y comerciales, etc.) Frente al viejo criterio de capacidad y mérito, se impone el dedo a palo seco. Los Gobiernos se han ido dando cuenta de que estos puestos, muy bien remunerados (mucho más que cualquiera en España de la función pública), son un auténtico botín en sus manos, un medio de premiar fidelidades o agradecer los servicios prestados por funcionarios pasados a la política. También lugares en los que colocar a políticos en cesantía, dentro de la estricta aplicación del más burdo sistema clientelar, hasta el punto de que el sistema de nombramientos ha terminado siendo copado por la libre designación. Ilustrativo el caso de los famosos Dalton (Álvaro y Alberto Nadal), los listísimos hermanos del PP que tras dejar la política tuvieron la desfachatez de anunciar su intención de usar su “bala de plata” eligiendo embajada (naturalmente Londres y Washington, no cualquier cosa) meses antes de que pudiera reunirse la correspondiente Comisión de Destinos en el Exterior. Álvaro ha logrado su propósito en la agregaduría comercial de Londres, pero la secretaria de Estado de Comercio socialista ha tenido los santos bemoles de vetar a Alberto para la de Washington, una ofensa de la que el afectado tratará de vengarse con creces.

Frente al viejo criterio de capacidad y mérito, se impone el dedo a palo seco

En la memoria de todos, el intento de Luis de Guindos de colocar a su ex compañero de gabinete y amigo, José Manuel Soria, como director ejecutivo en el Banco Mundial en Washington (uno de los puestos más codiciados por cualquier alto funcionario, 250.000 dólares libres de impuestos) tras su obligada dimisión provocada por los llamados “Papeles de Panamá”. El dedazo lo invade todo. Lo importante ahora para cualquier Teco que se precie es poder responder con solvencia a preguntas tipo ¿quiénes son tus amigos? ¿A qué clan perteneces? ¿Qué compañeros de promoción tienes? La “bala de plata” de los amigos de Nadia Calviño se ha convertido en puro platino. Caso de Mario Buisán (Berlín), Enrique Verdager (Bruselas), Juan José Zaballa (Shangai), Prieto Kessler (París-OCDE), Fernando Hernández (Tokio), José Luis Kaiser (Washington) o Borja Rengifo (Roma). Alguno de los nombrados sigue todavía en activo. Y si de cuerpos menos elitistas hablamos, entonces el dedo funciona a discreción en la asignación de Consejerías de Interior (ex comisarios cesados), Turismo, Educación, y no digamos ya cuando se trata de los agregados laborales. Un auténtico escándalo que comparten por igual socialistas y populares, que el Gobierno entrante suele premiar por igual a correligionarios que a adversarios políticos. Hoy por ti, mañana por mí. Naturalmente, el funcionario sin padrinos se morirá haciendo su trabajo lo mejor que puede sin llegar a saborear nunca las delicias de un destino bonito y bien pagado que proporciona un buen dedazo.

Algo habría que hacer para poner fin al secuestro del Estado por las elites administrativas. Algo, para evitar el despilfarro de fondos públicos empleados en mantener el nivel de vida de varios miles de altos funcionarios y políticos en cesantía convertidos en “grasa” del sistema, gente a la que resultaría más barato mantener en su casa cobrando el sueldo que enviarlos a puestos para los que técnicamente no están preparados. Al menos evitaríamos el daño que causan al prestigio de las instituciones y a la calidad de nuestra democracia, dificultando una corrupción que se alimenta de la ausencia de contrapoderes efectivos entre los políticos en ejercicio y los gestores públicos. Es evidente que una de las obligaciones de un Ejecutivo es dirigir la Administración, y que todo nuevo Gobierno necesita contar con gente de confianza al frente de las instituciones para poder llevar a cabo los cambios que los ciudadanos demandan en las urnas, pero de ahí a la ominosa exaltación del nepotismo en que se ha convertido el sistema de libre designación media un abismo. ¿Qué hacer? Tal vez empezar por delimitar claramente las carreras del alto funcionario y del político, cuyas trayectorias a menudo se confunden, poniendo barreras a ese trasiego entre una y otra trinchera que suele hacerse con las ventajas de ambas en la mochila y casi ninguna obligación. Poniendo coto al dedazo de la libre designación, y universalizando los nombramientos en base al tan vapuleado concurso de méritos. Exaltando el valor de talento y esfuerzo. Y para empezar, tal vez deberíamos preguntar a la clase política qué opina al respecto y cómo piensa acabar con esta escandalosa situación en caso de llegar al poder el 28 de abril.

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