El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 900 euros y el aumento del sueldo de los funcionarios en un 2,25%

El Consejo de Ministros, que se ha reunido en Barcelona, ha aprobado este viernes el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros en 2019 y el aumento del sueldo de los empleados públicos un 2,25% para el año que viene, medida esta que sí debe tener el respaldo de la Cámara Baja.

Con la subida del salario mínimo el Gobierno cumple con el acuerdo presupuestario pactado con Podemos para el próximo año con un real decreto que no necesita convalidación en el Congreso de los Diputados.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha subrayado que “es la mayor subida desde el año 1977” y ha asegurado que el aumento del 22,3% del SMI beneficiará a dos millones y medio de trabajadores, el 56% de ellos mujeres.

De ellos, según cálculos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 1,3 millones pertenecen al régimen general, entre 750.000 y 800.000 al sistema especial agrario y 400.000 al sistema especial de empleadas de hogar.

Con la subida del salario mínimo en 164 euros mensuajes, el SMI anual se situará en 30 euros al día, 900 euros al mes (en 14 pagas) y 12.600 euros el próximo año, el 80,6% del salario mínimo medio europeo, según ha afirmado Celaá.

Para los trabajadores eventuales y temporeros, el salario mínimo será de 42,62 euros al día, y para los empleados de hogar, de 7,04 euros por hora, según informa el Ministerio de Trabajo en un comunicado en el que sostiene que los principales sectores beneficiados por la subida son el comercio (18,8%), las actividades administrativas y auxiliares (14%) y la hostelería (10,8%)
Suben los salarios de los empleados públicos

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la subida salarial lineal de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales.

De esta medida ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, quien ha señalado que la decisión del Gobierno evita que haya “un periodo de incertidumbre hasta aprobar la Ley General de Presupuestos Generales del Estado”.

Así, la subida del 2,25% se hará efectiva desde el 1 de enero, tal y como pedían los sindicatos. No obstante, esta subida, adoptada en virtud del acuerdo del Ejecutivo de Mariano Rajoy con las centrales sindicales, podría ser aún mayor (hasta un 0,25% más) dependendiendo de la evolución del PIB.

A esto hay que sumarle otro 0,25% procedente de fondos adicionales que no se destinarán a todos los funcionarios de manera lineal y que dependerán de las negociaciones que lleven a cabo cada administración con las organizaciones sindicales.
El Gobierno se da hasta 2021 para privatizar Bankia

Otras de las medidas económicas que ha aprobado el Consejo de Ministros es ampliar dos años adicionales el plazo de desinversión en Bankia. De este modo, se prorroga hasta diciembre de 2021 la fecha límite para la privatización de la entidad con el objetivo de “favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas”.

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), posee en la actualidad el 61,4% del capital social de Bankia.

Esta es la segunda ampliación del plazo inicial de venta que se realiza. La primera se aprobó en diciembre de 2016, a través del Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera, por el que se extendió de 5 a 7 años el plazo de desinversión. Asimismo, se establecía la posibilidad de nuevas prórrogas previo acuerdo de Consejo de Ministros, tal y como ha ocurrido este viernes.
350 millones para formación de ocupados

El Consejo de Ministros ha autorizado una línea presupuestaria de 350 millones de euros en tres años (2019-2021) dirigida a la formación de ocupados en todo el país, aunque también podrán participar desempleados siempre que no superen el 30% del total de participantes en cada curso.

Según la nota de prensa del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la medida ha sido acordada con agentes sociales y comunidades autónomas. La finalidad es la financiación de programas de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, orientados a la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, con las necesidades de adaptación a los cambios del sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional”.

“Esta medida, acordada con agentes sociales y comunidades autónomas, viene a paliar los efectos de la falta de oferta formativa de la etapa anterior, que condujo a la quiebra de centros y entidades de formación y a la ausencia de formación de ocupados en determinados territorios y sectores, aumentando con ello la brecha regional y sectorial”, asegura Trabajo.

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