El FMI rebaja el crecimiento de España al 2,7% en 2018. Subir las pensiones con el IPC puede hacer “peligrar la sosteniblidad” del sistema

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de que el ciclo de recuperación económica en España está “llegando a su madurez”, por lo que ha rebajado en una décima la previsión de crecimiento para España en 2018, hasta el 2,7%, en línea con la estimación del Gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC, tal y como ha recomendado el Pacto de Toledo, podría hacer “peligrar la sostenibilidad financiera” del sistema público de pensiones, y afirma que esta medida ad hoc no puede llevarse a cabo si no forma parte de un paquete de reformas “integral”.

Los técnicos del FMI, que han visitado España en el marco de su revisión anual de la economía, conocida como Artículo IV, alertan de que esta recomendación del Pacto de Toledo “no debería traducirse en medidas legislativas que no formen parte de un paquete integral. Un ajuste ad hoc de las prestaciones podría hacer peligrar la sostenibilidad financiera del sistema”, advierten.

En concreto, el organismo internacional calcula que vincular la revalorización de las pensiones a la inflación de forma permanente añadiría un coste aproximado de entre un 3% y un 4% del PIB al desembolso por pensiones de aquí a 2050, según las previsiones demográficas y macroeconómicas actuales.
Vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida

Según el FMI, un aumento “de tal magnitud” en el gasto estructural ha de verse “contrarrestado” por otras medidas estructurales y cita, entre ellas, el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización, así como vincular directamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida.

Asimismo, advierte de que a menos que exista una “correspondencia plena” entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto, no podrá evitarse una “futura reducción” de las pensiones, aunque sea “moderada”, por lo que pide al Gobierno “transparencia” a fin de que los futuros jubilados puedan tomar decisiones informadas sobre su vida laboral y sus ahorros.

El envejecimiento de la población implica que menos cotizantes tendrán que financiar a un número creciente de jubilados. “Las reformas pasadas respondieron con medidas apropiadas desde el punto de vista financiero para aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, pero la reducción esperada en las prestaciones futuras ha puesto en tela de juicio la aceptabilidad social de las reformas”, admite.
Rebaja una décima la previsión de crecimiento este año

En cuanto al crecimiento de la economía española, el FMI ha revisado una décima a la baja su previsión para este año, para dejarla en el 2,7%, debido al empeoramiento del entorno exterior y al debilitamiento de la demanda interna, y sitúa el crecimiento español en el 2,2% para 2019. Ambas cifras sitúan a nuestro país por encima de la media de la eurozona.

Según el FMI, los retos estructurales más importantes a los que hace frente la economía española son una deuda pública “notablemente elevada”, un alto desempleo estructural y un lento aumento de la productividad.

A ello se suman riesgos externos como posibles “cambios repentinos en el apetito de los inversores por el riesgo”, una escalada del proteccionismo a nivel global y el debilitamiento de las condiciones de las economías emergentes, así como internos, entre ellos “presiones para derogar las reformas” y la continuación de una política fiscal procíclica.

Ante esta coyuntura, el FMI considera esencial “preservar el espíritu de las reformas del mercado de trabajo”, favoreciendo un crecimiento más social e inclusivo y que propicie que los más jóvenes se integran mejor al mundo laboral.
Meta de déficit alcanzable

La meta de déficit para este año del 2,7% del PIB es “alcanzable”, según la jefa de misión del FMI, Andrea Schaechter, que calcula que para bajar al objetivo del 1,8% del producto interior bruto fijado para 2019 se necesita un ajuste estructural de cinco décimas, ya que el crecimiento económico solo permitirá rebajarlo al 2,3% (incluido el aumento de las pensiones ya aprobado).

Explica que no ha podido evaluar las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno porque todavía “están en consideración” y propone mover más bienes y servicios de los tipos reducidos al tipo general de IVA para obtener un margen adicional de recaudación de hasta tres puntos del PIB, aumentar los impuestos medioambientales (medio punto más) y eliminar exenciones y deducciones.

Las subidas salariales deberían estar en línea con las ganancias de productividad y negociarse en el ámbito de la empresa, por lo que ve “esencial mantener las reformas laborales” y profundizar en asuntos como la supresión de regulación que disuade a las empresas de aumentar su tamaño. Advierte de que los incrementos pronunciados del salario mínimo ponen en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes.
Alta temporalidad

Respecto al paro estructural, que el FMI cifra en el entorno del 14,5% (cerca de la actual tasa de paro), Schaechter afirma que es consecuencia de un mercado laboral segmentado que cuenta con una de las mayores tasas de temporalidad europeas, lo que achaca a la falta de atractivo de los contratos indefinidos y a la “incertidumbre legal” ligada a los despidos bajo estos contratos.

El fondo apuesta por un contrato único que ajuste a la baja el coste de contratar y despedir a los trabajadores fijos y por la denominada “mochila austríaca” (fondo de capitalización del despido), así como por mejorar las políticas activas de empleo.

Para mejorar las perspectivas de crecimiento a medio plazo, el FMI aconseja también reducir la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas, mejorar el acceso a los mercados y la competencia -en particular en el caso servicios profesionales-, y reducir las barreras al crecimiento empresarial.

Del sistema financiero destaca que su salud sigue mejorando, pero que hay que mantener la vigilancia del riesgo sistémico, y reclama mayores herramientas macroprudenciales para que el Banco de España pueda alertar de una excesiva acumulación de riesgos, sobre todo los relativos al volumen de crédito y a los niveles de deuda de los prestatarios respecto a su renta.

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