Casado irá hasta la Junta Electoral para tumbar los decretos ‘sociales’ de Sánchez (El Confidencial)

Los “viernes sociales” del Consejo de Ministros anunciados por Pedro Sánchez para su precampaña electoral, con reformas de leyes y medidas de aumento de gasto por decreto y con las Cortes cerradas, amenazan con un nuevo choque entre los poderes del Estado. El PP ha empezado a pedir informes de expertos sobre las medidas para oponerse a esa ofensiva del jefe del Ejecutivo ante el 28-A y que van desde el posible rechazo previo de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso hasta el recurso a la Junta Electoral Central dado que se emplean medios públicos en provecho de una candidatura. En última instancia llegaría la apelación al Tribunal Constitucional.

La Constitución permite al Gobierno dictar decretos leyes solo “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” que en el plazo de un mes deben ser convalidados por el pleno del Congreso. El actual inquilino de la Moncloa ha hecho de la excepción norma habitual en sus 8 meses en el poder y ahora quiere mantener esa práctica de saltarse el trámite parlamentario ordinario aunque el visto bueno tenga que darlo la Diputación Permanente de la Cámara, el órgano ‘de guardia’ de la Cámara entre legislaturas.

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Sánchez presume de lo que sus antecesores en el cargo procuraban disimular, de gobernar por decreto. La principal diferencia ahora es que pretende hacerlo con la legislatura terminada por su propia decisión y sin posibilidad alguna de que sus decretos se tramiten después como leyes porque las Cortes están cerradas.
Las medidas para prevenir las consecuencias del Brexit aprobadas por el Gobierno pueden encajar en el supuesto de cuestiones urgentes y no son cuestionadas por el principal grupo de la Cámara. Pero, según el PP, los demás pasos que ha dado el Ejecutivo para cambiar el mercado del alquiler, las bajas por paternidad ampliadas (1.100 millones de euros de coste) o los cambios en la legislación laboral para fomentar “la igualdad” obedecen a las urgencias electorales de Sánchez y no se pueden acometer sin que se constituyan las nuevas Cortes.
El presidente del Gobierno se ha dejado para siguientes Consejos de Ministros sus promesas de contrarreforma laboral como la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa o la llamada “ultraactividad” de los mismos por si puede reunirlas en nuevos decretos en caso de lograr los apoyos necesarios entre sus aliados de Podemos y los grupos independentistas.
Sánchez se ha dejado para siguientes Consejos de Ministros sus promesas de contrarreforma laboral como la prevalencia de los convenios sectoriales
En primera instancia, en el Grupo Popular del Congreso consideran que la Mesa de la Diputación Permanente podría cuestionarse si procede la convalidación de un decreto ley que no es urgente ni el mismo órgano tiene capacidad para decidir que sea tramitado después como proyecto de ley. Pero si la Diputación Permanente no lo vota antes de un mes el decreto decaería como ocurrió el pasado enero con el de los alquileres.
Otros expertos consideran que la Mesa de la Diputación no puede entrar a juzgar el contenido de los decretos y si son o no urgentes. Reconocen que lo novedoso es que se aprueben en precampaña electoral, tres días antes de disolver las Cámaras y con intención de lanzar nuevas ediciones durante el mes de marzo, cosa nunca vista en 40 años de democracia.
Al margen de los casos extraordinarios previstos en la Constitución, la última vez que ese órgano encargado de “velar por los poderes de las Cámaras” se reunió para adoptar un acuerdo por el procedimiento previsto para los decretos leyes lo hizo con el fin de ratificar el despliegue de tropas en la guerra de Afganistán. Fue el 25 de marzo de 2008, a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero.
El PP también baraja como respuesta a los decretos del presidente el recurso a la Junta Electoral Central, aunque solo sirva para “llamar al orden”
La dirección del PP también baraja como respuesta más inmediata a los decretos de Sánchez el recurso a la Junta Electoral Central, aunque solo sirva para “llamar al orden” a un gabinete metido en campaña. Dicen que el dirigente socialista hace uso de bienes y fondos públicos, sin el control del legislativo que está disuelto, en beneficio de su candidatura. Los Consejos de Ministros con los “viernes sociales” son el mejor acto de precampaña que puede realizar Sánchez en las próximas semanas.
Fuentes del Grupo Popular insisten en la gravedad de aprobar incrementos de gasto cuando los Presupuestos Generales vigentes proceden de una prórroga y el consiguiente desequilibrio en las cuentas se carga al Estado sin contar el precepto constitucional del equilibrio presupuestario y la ley orgánica que lo desarrolla.
Al PP le queda en última instancia el recurso al Tribunal Constitucional contra las decisiones de Sánchez de gobernar por decreto saltándose el requisito de la “extraordinaria urgencia” y sin el control ordinario del parlamento por estar las Cortes cerradas. Pero, en ese caso, el TC no pasaría de admitir a trámite el escrito antes de las elecciones y no entraría en el fondo de la cuestión antes de dos años si sigue el ritmo del último conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso por el control parlamentario de los gobiernos en funciones.

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