Borrell frenó otras seis embajadas catalanas frente a la ‘inacción’ de Batet y Montero (El Confidencial)

El pasado noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó la creación de seis nuevas embajadas catalanas tras una solicitud de la Generalitat, que pedía abrir oficinas en los Balcanes (Zagreb), Países Bálticos (Tallín), Portugal (Lisboa), Mediterráneo (Beirut), Europa Central (Viena) y Países Nórdicos (Estocolmo). La cartera que dirige Josep Borrell consideró que la petición servía únicamente para apoyar fines “manifiestamente contrarios a los principios y objetivos” de la política exterior de España. El informe interno elaborado por el secretario general técnico del ministerio, al que ha tenido acceso este diario, lanzaba una seria advertencia, asegurando que la apertura de estas delegaciones podía tener consecuencias muy “lesivas” para los intereses del Estado.

Sin embargo, el criterio de Exteriores no se extendió con el mismo ahínco a los otros dos ministerios a los que pidió opinión por ser también competentes —según la Ley de la Acción y Servicio Exterior del Estado (LASEE)— en la respuesta que debía dar el Ejecutivo al Govern. Fueron el de Política Territorial y Función Pública —encabezado por Meritxell Batet— y el de Hacienda, que lidera María Jesús Montero. Ambos optaron por no poner pegas, limitándose a la cuestión técnica y sin aportar ningún detalle.
Según recoge el citado informe, el primero de los ministerios concluye que “no se derivan de los proyectos de decreto problemas competenciales [en referencia a la petición de abrir estas embajadas]” y se ciñe a decir que “tendrán que ser las actuaciones posteriores de las delegaciones que se propone crear, cuando se lleven a cabo, las que sean analizadas desde el punto de vista de su adecuación al orden de competencias”. No entra a valorar ninguna otra cuestión de carácter preventivo, a pesar de los antecedentes, de sobra conocidos, y a los que se refiere de forma pormenorizada Exteriores a lo largo de siete hojas.

Por su parte, la cartera de Montero indicó que, en principio, “no se apreciaba” que la creación de esas delegaciones catalanas “contravenga el ordenamiento jurídico desde la perspectiva de la Hacienda pública”. Afirmación que choca con una de las conclusiones expuestas por la cartera de Borrell, cuando precisamente apunta a que un “despliegue en el exterior” como el buscado por el Govern de Quim Torra “no resulta eficiente en términos económicos y de gestión del dinero” desde el punto de vista de la acción exterior. Hacienda, en cambio, no hizo ninguna puntualización similar.
El informe de respuesta a Torra, solicitado íntegramente por el grupo parlamentario de Ciudadanos en esta comunidad, liderado por Inés Arrimadas, está firmado por José María Muriel Palomino, secretario general técnico de Exteriores, y se muestra muy duro con las pretensiones secesionistas. Aunque recuerda que las CCAA pueden abrir delegaciones en el exterior “para promover sus intereses propios” siempre “que se adecúen a los objetivos del Gobierno nacional y en lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución”, aglutina serias críticas contra la actividad actual del Diplocat —ente de la Generalitat que engloba todas las embajadas catalanas y que fue restablecido tras haber sido disuelto con la aplicación del 155 bajo el mandato de Rajoy—.
El ministerio de Borrell insiste en que se trata de un “instrumento fundamental para la internacionalización del ‘procés” y asegura además que su cartera ha podido comprobar en “numerosas ocasiones” que la labor de proyección internacional de Cataluña “no era otra cosa que la promoción de la causa secesionista”, acompañada “de ataques al Estado español”.

De hecho, el informe —que data de noviembre— se refiere a los meses pasados más recientes, advirtiendo de que el actual Govern de Torra, a través de la Consejería de Asuntos Exteriores que dirigía hasta noviembre Ernest Maragall (ahora candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona), emprendió “una hoja de ruta orientada, en una primera fase a restablecer el mapa de delegaciones catalanas tal y como estaba antes de la aplicación del artículo 155”, y en una segunda fase, “a ampliar dicho despliegue incluyendo regiones extraeuropeas”, como el Mediterráneo (Beirut era el primer objetivo), América Latina o Asia.
En esa misma línea, el texto recuerda las declaraciones de Maragall durante la reapertura de las oficinas de Roma, Londres y Berlín, en las que —como el ‘president’ ha hecho en varias ocasiones— alude a “la necesidad de un mayor despliegue internacional” para dar a conocer lo que desde la Generalitat consideran “la realidad catalana”. Afirmaciones que, advierte nuevamente Exteriores en su texto interno, “no resultan en absoluto tranquilizadoras”. El secretario general técnico de la cartera de Borrell incide en el hecho de la presencia de las banderas catalana y europea (excluyendo la española) en las delegaciones exteriores actuales como otra prueba “que entronca perfectamente con el objetivo de internacionalizar el ‘procés”, que seguiría vigente en estos momentos.

El Govern, por su parte, anunció dos semanas después de recibir la respuesta desfavorable del Ejecutivo que seguía adelante, y aprobó a finales de noviembre el decreto para la creación (en el caso de las delegaciones de Riga y Beirut) y reapertura de las otras cuatro. Exteriores respondió diciendo que lo recurriría en los tribunales y, en la actualidad, la Generalitat sigue avanzando hacia su inauguración.

“Las directrices dictadas desde Bélgica”
Otra de las cuestiones que se reconocen explícitamente en el informe es que Torra actúa como intermediario de Puigdemont, que en la práctica sigue actuando como ‘president’ en la toma de decisiones. “Como es notorio” y dijo en su propia investidura, explica el secretario general, el ‘president’ Torra “desempeña sus funciones” en calidad de “presidente custodio”, e insiste en que “no ha ocultado en ningún momento que sus decisiones siguen las directrices dictadas desde Bélgica por su antecesor, Carles Puigdemont”. En consecuencia, sigue el argumento, “resulta difícil disociar las declaraciones de Torra de las de Puigdemont, de forma especial en lo que tiene que ver con la necesidad de internacionalizar la denominada cuestión catalana”.

“Esfuerzo para contrarrestar la propaganda”
Y precisamente ese empeño de las autoridades catalanas por dar visibilidad exterior al ‘procés’, “fuera de su mando competencial” y “alejado del respeto y lealtad institucional que debe regir la actuación de toda comunidad autónoma”, el departamento de Borrell reconoce que conlleva “la necesidad de un notable esfuerzo por parte del Servicio Exterior del Estado” para “contrarrestar la propaganda secesionista y los repetidos ataques a la imagen internacional de España”.

En el texto, de hecho, se recogen varios ejemplos de actividades desarrolladas por autoridades catalanas que Exteriores enmarca en “coherencia” con los objetivos que figuran en la memoria general del proyecto de las seis embajadas de nueva creación. Entre ellos, la declaración del ‘president’ Torra el pasado noviembre en el Parlament, cuando se dirigió “a todos los representantes de la UE” para explicar “la situación que se vive en Cataluña” y “cómo trata el Estado español a los políticos que han querido dar la palabra a su pueblo”.
Otro de los episodios que desgrana el informe es precisamente el hecho de que Torra no fuera invitado a participar en el III Foro por la Unión del Mediterráneo celebrado en Barcelona el 8 de octubre. Entonces, el propio Borrell —que públicamente ha sido con diferencia el ministro de Sánchez más duro con el independentismo— ya reconoció que no le dijo al ‘president’ que acudiera para evitar que “vilipendiara” a España. El informe interno, escrito justo un mes después de aquello, reconoce que “el elevado grado de previsibilidad” de que Torra aprovechara “cuantas ocasiones tiene a su alcance” para divulgar esa realidad catalana dentro o fuera de nuestras fronteras conllevó que el ministro de Exteriores decidiera no contar con él.

La red supera “con creces” al resto de CCAA
En todo caso, el secretario general técnico insiste en su informe interno de que la red exterior de la Generalitat “supera con creces las del resto de comunidades autónomas españolas”. Además de asegurar que todas esas oficinas no son eficientes en términos económicos, Exteriores no tiene inconveniente en reafirmar que la eventual apertura de nuevas delegaciones lo único que hace es presentarse “con un alto grado de probabilidad” como “lesiva para los intereses del Estado”.

Los datos actualizados del informe de este ministerio confirman que además de las siete delegaciones actuales que mantiene la Generalitat en Bruselas, París, Roma, Berlín, Ginebra, Londres y Nueva York, los puntos de actividad exterior son muchos más. Sobre todo en lo que respecta a las oficinas de la Agència per la Competitivitat de l’Empresa (Acció) perteneciente al Govern, que cuenta con presencia en 34 ciudades de todo el mundo y de los cinco continentes. A estas se suman las oficinas de Turismo, del Institut Català de les Empreses Culturals (ECEC), los centros del Institut Ramon Llull, y los de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

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