Bajar impuestos, no ignorar la desaceleración Daniel Lacalle

All revved up with no place to go” Jim Steinman.

Es mucho más que preocupante escuchar a nuestros políticos. El Gobierno no sólo ignora la desaceleración, sino que niega lo que están haciendo todos los países líderes. Desde China a EEUU y hasta Finlandia, los Ejecutivos están reduciendo impuestos para fortalecer y atraer la inversión. El Gobierno español se presenta como el alumno orgulloso de suspender, como el único de toda la OCDE que se enfrenta a la desaceleración subiendo impuestos.

Y nos puede costar un retroceso mayor y más severo. En Francia han tenido que eliminar la injusta e innecesaria subida de impuestos a la energía. Aquí nos disparamos en el pie y seguimos adelante con el impuesto al diésel y el mal llamado “impuesto a las tecnológicas”, cuando España se ha quedado sola a la hora de implementar esa locura y, encima, quiere imponer una tasa mucho más agresiva que esconde un arancel.

Los datos de la eurozona no son esperanzadores. Se confirma el peor crecimiento desde el tercer trimestre de 2014 y la producción industrial y exportaciones de las principales economías se resienten.

Mientras el Gobierno de España ignora los riesgos de su política, sigue empeorando la contratación. La afiliación a la Seguridad Social experimenta el peor noviembre desde 2013, con la pérdida de 47.449 afiliados, y el crecimiento interanual se desacelera dos décimas, hasta el 2,87%.

Me dirán ustedes que todo esto no es culpa del Gobierno. Lo que es culpa del Gobierno es ignorarlo y poner escollos al crecimiento. Para eso no se necesitan unos meses. Con unas horas de amenazas fiscales y políticas basta.

En ese entorno, la bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid es un factor esencial de diferenciación entre depredadores de rentas con políticas extractivas y orientar la fiscalidad al crecimiento, las familias y el empleo.

El Proyecto de Ley de Medidas Fiscales que prepara el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a suponer para los madrileños un ahorro de más de 162 millones de euros anuales cuando sea efectivo. Unos 200 millones si se tienen en cuenta las medidas ya implementadas.

Se trata de devolver esfuerzo fiscal a familias, mejorar la renta disponible y eliminar impuestos confiscatorios. Para las rentas más bajas, reducir en medio punto el tipo mínimo de la escala autonómica. El tipo mínimo se situará en el 9%, el más reducido de todas las Comunidades autónomas. Una rebaja del 5,3% para las rentas más bajas. Esto es política social, no expoliar a los trabajadores.

Una familia de clase media con dos hijos en la que cada cónyuge gana 25.000 euros brutos paga en Madrid entre 300 y 400 euros menos que una familia similar en las “Comunidades del cambio”, que solo cambian para expoliar.

Apoyo a las familias. Un matrimonio madrileño con un hijo menor de 3 años puede deducirse hasta 370 euros por cónyuge en gastos de guardería. Además, por acogida de mayores de 65 años o con discapacidad se incrementa de 900 a 1.500 euros la actual deducción. También se mejora la deducción por adquisición de acciones y participaciones en nuevas entidades o de reciente creación hasta los 12.000 euros.

En sucesiones y donaciones el Gobierno regional establece una nueva bonificación para las trasmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos, como debería hacer toda España. A eso se añade la muy necesaria bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, especialmente para familias numerosas, además de deducciones para acceder a la vivienda para jóvenes.

Más de tres millones de contribuyentes se verán beneficiados de estas medidas que inciden en la importancia de aumentar la renta disponible de los ciudadanos, ayudar a jóvenes, familias y rentas más bajas y, sobre todo, que se pagan solas.

Estas medidas tienen un coste muy bajo y, al atraer más crecimiento y consumo, no solo no afectan a la recaudación, sino que la mejoran.

Lo que se demuestra es que la mejor política social es el empleo y aumentar la renta disponible de familias, jóvenes y trabajadores, apoyar a los creadores de empleo y poner a la administración donde debe estar, al servicio de los ciudadanos. Así se garantizan los mejores servicios públicos.

Desafortunadamente, el Gobierno de España quiere poner la sociedad al servicio de los políticos y, junto a sus socios de coalición de la recesión, está poniendo en peligro no solo la recuperación actual, sino el crecimiento potencial.

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