Acuerdo en el Congreso para repartir los gastos de la hipoteca: El banco paga el impuestos y los hipotecados la tasación

Los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo para repartir los gastos de las hipotecas: el consumidor pagará la tasación y la banca se hará cargo del resto, que son los gastos de gestoría, arancel notarial y escritura, según han señalado fuentes parlamentarias a las agencias Efe y Europa Press. A este pacto, que cuenta con mayoría parlamentaria para salir adelante, no se ha sumado Podemos, que quería que las entidades financieras se hicieran cargo de todos los gastos.

La nueva Ley Hipotecaria -que se está tramitando en el Congreso y que aún no ha sido aprobada- recoge esta decisión y deja claro que la entidad financiera pagará la primera copia de escrituras del notario y el cliente las que solicite, mientras que los gastos registrales también correrán a cargo del banco y el prestatario abonará los gastos de tasación ya que lo podrá elegir libremente, señala Efe. Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al cliente para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato.

Además las entidades seguirán pagando el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), tal y como aprobó el Ejecutivo la semana pasada en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo.

Así, si sale adelante de forma definitiva, se clarificaría quién se tiene que hacer cargo de los gastos derivados de una hipoteca. En una sentencia de 2015, el Supremo estableció que los gastos de notaría, registro de la propiedad y gestoría debían ser repartidos entre banco y cliente, sin especificar nada más, doctrina que refrendó el pasado mes de febrero. Tras ese fallo, las cuatro entidades financieras más importantes del país -Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia- modificaron el reparto de los gastos para asumir parte de ellos.
Sin acuerdo en la cláusula de vencimiento anticipado de una hipoteca

No obstante, quedan por acordar otros asuntos de relevancia como las comisiones por amortización anticipada, los intereses de demora o la cláusula de vencimiento anticipado de una hipoteca y que permite ejecutar la vivienda según la deuda que haya adquirido el prestatario.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Gonzalo Palacín, ha confiado a los medios del Congreso que pueda llegarse la próxima semana a un acuerdo en este ámbito, aunque el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral sigue advirtiendo de que debería eliminarse una disposición adicional transitoria que aparece en la ley y que es contraria a los tribunales europeos.

Mayoral incide en que en caso de que se mantenga esta disposición transitoria podrían desbloquearse muchas ejecuciones hipotecarias que están ahora paralizadas. Al respecto, el PSOE propone que la cláusula de vencimiento anticipada vinculada a determinados pagos de cuotas sólo afecten a sentencias judiciales ya firmes y no a las que pudieran estar en proceso. Unidos Podemos quiere que solo se pueda ejecutar una vivienda cuando el capital deudor es del 10% del préstamo hipotecario.

El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua ha valorado que en la ponencia se haya incluido la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy de garantizar la presunción de veracidad del notario para que sea más transparente la información al cliente y ha señalado que algunas formaciones han propuesto también un código sancionador en caso de incumplimiento de la nueva ley.
La Ley Hipotecaría llegará con más de dos años de retraso

La Ley Hipotecaria es una trasposición de una directiva europea que persigue dar mayor protección al consumidor e impulsar la transparencia en la concesión de hipotecas. España ha retrasado la aprobación de esta norma, que debería haber estado en vigor en marzo de 2016.

Por este retraso, la Unión Europea amenaza con sancionar al país con una multa de 105.000 euros diarios. En caso de hacerse efectiva ahora, la sanción rondaría los 100 millones de euros. El PSOE confía en que pueda entrar en vigor en enero de 2019.

Los partidos políticos también tendrán que decidir sobre la entrada en vigor de la norma, ya que el sector financiero pide que haya un margen de 6 meses frente a los 15 días que plantea el proyecto de ley.

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